(Por DDCuba) Periodistas independientes, activistas de la disidencia interna y exprisioneros políticos han denunciado violentos desalojos y demoliciones de viviendas ilegales, levantadas en muchos casos en condiciones miserables y en terrenos aparentemente abandonados de diferentes zonas de la Isla.
Varios de los desalojos han afectado a mujeres solas con hijos pequeños, que tienen poco apoyo familiar y ninguna asistencia del Gobierno.
La agencia independiente Hablemos Press dijo que son “cientos de familias” las que han sufrido este tipo de medidas. Agregó que las autoridades “actúan con violencia desmedida, y en la mayoría de los casos los funcionarios no presentan una orden (…) firmada por un juez, alegando que no es necesaria”.
Hablemos Press difundió testimonios de desalojados el pasado 14 de junio en Guantánamo, grabados en vídeo por el activista Rogelio Tavío Ramírez.
“Yo estaba dentro de la casa, con mi niña, sentada en la cama. Me cogieron la niña a la fuerza, la sacaron” y “yo no vi a quién se la entregaron”, dijo Elizabeth Batalla, de 20 años y madre de una pequeña de dos años, desalojada por inspectores de Vivienda y la Policía.
“Hubo un policía que mi viró el brazo bruscamente y (…) tres mujeres me cogieron por los pelos y me dieron golpes, me introdujeron en la maquinita (auto) y me echaron spray” en la cara, añadió.
Batalla estuvo presa 24 horas y está acusada de “desacato” y “atentado” por supuestamente golpear a un policía.
“Ellos fueron los que me dieron golpes” y ahora buscan “la manera de limpiarse las manos”, afirmó.
La joven dijo que tuvo que abandonar la casa de su suegra cuando se separó del padre de su hija. Añadió que llevaba seis meses viviendo con la niña en un terreno que encontró “lleno de escombros, de basura, hierbas”, y en el cual levantó un pequeño rancho de dos metros cuadrados.
“El Gobierno dice que no tiene solución para mi problema”
Otra madre sola, Yanisel González, dijo que tras pasar varias noches viviendo bajo un puente con sus hijas, de tres y seis años de edad, decidió ocupar un terreno que encontró aparentemente abandonado, pero que es propiedad de un ciudadano nombrado Ricardo Beltrán.
González también tuvo que dejar la casa de su suegra, por rencillas familiares, según relató.
En el terreno levantó un pequeño bajareque de tablas, planchas de metal y cartón para vivir con sus hijas. En él permanece desde hace tres meses en pésimas condiciones.
La joven dijo que fue amenazada con un machete por el dueño del terreno, pero aseguró que no tiene a dónde ir.
Los inspectores de Vivienda le impusieron una multa de 500 pesos que, dijo, ha tenido que pagar con el dinero que recibe de los padres de las niñas para la manutención.
“No tengo con qué sustentar a mis hijas, no tengo para darles comida ni nada, algunos vecinos me dan algo”, se quejó González
Añadió que el pasado día 14 las autoridades llegaron al lugar “con una orden para demoler cinco viviendas” y lograron destruir tres.
“No me demolieron porque me encerré dentro y dije que me iba a quemar con mis dos hijas. Que no es así, no voy a atentar contra la vida de mis hijas, pero tengo que meterles miedo de alguna forma”, dijo la joven.
Un policía “me dijo ‘no te preocupes que te voy a coger allá afuera’. Yo le contesté ‘sí, tú me vas a coger allá afuera, pero te voy a dar candela a ti también'”, relató.
González dijo que tras ese incidente fue citada para presentarse ante las autoridades de Vivienda, sin embargo los funcionarios que debían atenderla el día señalado estaban “reunidos”.
La mujer afirmó que ha pedido ayuda al Poder Popular para su problema, pero un funcionario identificado como Carlos Manuel, le dijo que “no tenía solución”.
“Le expliqué mi situación económica con mis hijas; pero como no voy presentable, porque no tengo ropa para ir presentable como ellos trabajan, y mis hijas tampoco (…) él me dijo ‘tú puedes ir a donde quieras (…) tú casa se va a demoler y yo no tengo solución para tu problema'”.
Un tercer entrevistado por Rogelio Tavío Ramírez dijo que fue desalojado de un rancho de tres metros cuadrados, construido con tablas y planchas de zinc, en el que vivía con su esposa y tres hijos.
El hombre dijo que las autoridades se presentaron a demoler sin aviso previo ni explicaciones a los afectados.
“Hubo hasta golpes (…) vinieron con violencia”, afirmó.
Agregó que ahora duerme en el suelo en la vivienda de una hermana con su esposa y sus hijos. Ocho personas conviven en la casa.
Más desalojos y demoliciones en Matanzas
Desde Matanzas, el exprisionero político del Grupo de los 75 Félix Navarro, denunció la pasada semana la demolición de varias viviendas en la localidad de La Conchita, ubicada en Varadero.
Navarro dijo que efectivos del Ministerio del Interior, miembros del Partido Comunista, la Federación de Mujeres Cubanas y el Poder Popular irrumpieron con 60 carros patrulla y 6 carros de bomberos en la localidad a las 5:00 a.m. del pasado 15 de junio para practicar los desalojos y destruir las viviendas.
“También llevaron al lugar del desastre un carro con un radar para captar cualquier teléfono celular, cámara digital fotográfica o de filmación que fuera puesto en función de dejar constancia gráfica del acto vandálico y criminal”, dijo el opositor.
Citando testimonios de testigos, Navarro señaló que las autoridades destruyeron incluso un tráiler.
“La dueña gritaba y lloraba” pidiendo que se lo dejaran. “Sus reclamos fueron atendidos elevando el tráiler varios metros desde una grúa y lo dejaron caer para que se destruyera”, dijo.
Navarro indicó que las viviendas destruidas en La Conchita y otras demolidas en la localidad de Siguapa el 22 de mayo eran confortables.
Lo que sucede es que estaban construidas “en terrenos donde el gobierno central tiene planes de continuar fabricando hoteles y demás dependencias para la infraestructura hotelera”, opinó.
Quejas a la Fiscalía General y el Poder Popular
El expresionero político envió cartas al Fiscal General, Darío Delgado Cura, y al Poder Popular de Matanzas en las que calificó de “alevoso crimen” lo ocurrido.
“Crimen contra sus moradores: hombres, mujeres, niños, ancianos. Crimen contra la economía nacional, porque es obvio que ningún país puede darse ese lujo de demoler en un sector donde tan deprimidos están sus fondos habitacionales, y mucho menos el nuestro”, dijo Navarro en su carta a Delgado Cura, fechada el 27 de junio. “Hubo saña en ambos lugares”, denunció.
“Resulta casi imposible que alguien encuentre el argumento que me haga comprender que ante la situación de que una vivienda se construyó sin la burocrática licencia constructiva, la medida más humana y revolucionaria para hacer pagar la cuota de indisciplina cometida por los inquilinos, sea la demolición total o parcial del inmueble”, criticó.
Navarro consideró que existe una “campaña” contra quienes, “cansados de esperar” que el Gobierno cumpla con su palabra de proveer viviendas dignas, “se lanzan y consiguen que sus hijos tengan un techo donde vivir”.
El Gobierno “está aplicando en estos momentos la misma política cruel e hipócrita contra su pueblo, que tanto ha denunciado en escenarios internacionales”, dijo al fiscal.
Con un déficit reconocido de más de 600.000, el problema de la vivienda es uno de los más graves que afectan a los cubanos.
Las construcciones ilegales, muchas veces insalubres, han proliferado en toda la Isla en las últimas décadas por la desesperación de las familia y la incapacidad del Gobierno para cumplir sus propios planes de construcción.
En añadidura, en marzo pasado Raúl Castro llamó a actuar contra las ilegalidades en la construcción de viviendas y a “no dar margen a la impunidad”.
“Las necesidades habitacionales no pueden ser motivo para las ilegalidades”, dijo el general durante un Consejo de Ministros, según informó entonces el diario oficial Granma, órgano del Partido Comunista.
Pidió “acabar de poner orden en el país sobre las cuestiones urbanísticas” y ordenó a la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior utilizar sus facultades para enfrentar y “accionar” contra los infractores.
