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(Por Cubaencuentro) El Comité contra la Tortura de la ONU le pidió a Cuba una investigación imparcial sobre las muertes de 202 detenidos, en una resolución de “observaciones finales” publicada este viernes en Ginebra.

La resolución pide que “se investiguen sin demora, exhaustivamente, con imparcialidad y de modo eficaz todas las muertes de detenidos”, que “de acuerdo con la escasa información facilitada, entre 2010 y 2011, se registraron un total de 202 fallecimientos en el sistema penitenciario, una cifra que el Comité considera elevada”.

Constituido por diez expertos independientes de distintas nacionalidades, elegidos por el voto secreto de los 150 Estados que han ratificado la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, este Comité examina periódicamente a dichos países para ver si cumplen con la citada Convención.

“El Comité deplora que la información sobre la muerte del detenido en huelga de hambre Orlando Zapata Tamayo fuera proporcionada de modo extemporáneo sin posibilidad de entablar diálogo alguno”, precisa el documento, en alusión a la comparecencia de La Habana ante este Comité el 22 y 23 de mayo pasados, que motivan ahora sus “observaciones finales”.

“Lamenta también la falta de información sobre la muerte en custodia policial de Juan Wilfredo Soto García, tal como se solicitó en la lista de cuestiones” que el Comité hizo llegar al gobierno de Cuba varios meses antes de la comparecencia de la semana pasada, sin conseguir una respuesta satisfactoria.

La Habana se compromete a autorizar la visita del relator de DDHH

El Gobierno cubano se comprometió este viernes ante los miembros del Comité a autorizar la visita del relator especial de Naciones Unidas para este asunto, Juan Méndez, cuyo predecesor intentó sin éxito por años obtener autorización para visitar la Isla, señala un reporte de Efe.

El jurista y miembro del comité, Fernando Mariño, dijo que los delegados del Gobierno cubano que participaron en la sesión en la que se examinó el caso de Cuba “se han comprometido a arreglar una visita” del actual relator, aunque no precisaron en qué fecha.

Si esto se concreta, “habría un órgano internacional independiente y competente que podría desplazarse a todos los lugares donde hay detenidos e informaría de manera autónoma sobre lo que allí ocurre”, destacó.

Para el régimen de Raúl Castro significaría demostrar “que no tiene miedo político a someterse a un control por organismos exteriores”.

En el informe del Comité sobre la Tortura se manifiesta preocupación por las continuas denuncias de detenciones arbitrarias por breves periodos en Cuba, que se practicarían en contra de opositores políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes.

La Habana ha negado que se haya producido un aumento de ese tipo de arrestos sin orden judicial.

“Se trata de detener a una persona por 24 o 48 horas, luego se le libera, pero sin que haya habido ningún control judicial, ni siquiera de la Fiscalía. Esto es una forma de acoso político rápido”, explicó Mariño.

Contrariamente a lo que afirma el Gobierno de La Habana, Mariño dijo que “parece que esto (las detenciones breves) se han generalizado últimamente”.

En otro pasaje de su evaluación, el grupo de expertos de la ONU denuncia también el uso de “figuras penales ambiguas”, entre las que citó la de “peligrosidad social pre-delictiva”.

De esa manera, justifica “restricciones a la libertad de circulación, operativos de vigilancia invasiva, agresiones físicas y otros actos de intimidación y hostigamiento presuntamente cometidos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y miembros de los Órganos de Seguridad del Estado”.

Asimismo, menciona con inquietud las informaciones que dan cuenta de que continúan produciéndose “actos de repudio” frente a las viviendas de miembros de las llamadas Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

El Comité lamenta “la reticencia” del Estado a presentar información completa sobre los incidentes y “sobre las medidas tomadas para evitar este tipo de acciones coordinadas en las que se advierte la presunta connivencia entre los hostigadores y la autoridad policial”, señala el informe.

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