La organización Human Rights Watch (HRW) presentó este miércoles su informe anual en el que denunció que Raúl Castro “ha mantenido plenamente activas las estructuras jurídicas e institucionales represivas” de la Isla.
“Los gobiernos responsables de graves violaciones de los derechos humanos han intensificado durante el último año los ataques contra defensores de derechos humanos y las organizaciones que documentan los abusos”, dijo la entidad al presentar su Informe Mundial 2010.
En Cuba, se “documentó cómo el gobierno de Raúl Castro, en vez de desmantelar el aparato represivo de los años de Fidel Castro, lo ha mantenido firmemente en su lugar, conservando a decenas de presos políticos detenidos y arrestando a docenas de disidentes”, añadió el informe.
HRW afirmó que el cubano es de los gobiernos que “hostigan abiertamente o detienen a defensores de los derechos humanos”.
“Los defensores locales están sometidos a un acoso regular, y amenazados con palizas y encarcelamiento si no abandonan su trabajo, y son sentenciados mediante leyes amplias que criminalizan prácticamente todas las formas de disensión”, añadió.
Hasta noviembre de 2009, el régimen de los hermanos Castro aún no había ratificado los principales tratados internacionales de derechos humanos —el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales—, que suscribió en febrero de 2008, señaló el reporte de HRW.
La organización denunció además que el gobierno “mantiene el monopolio de los medios de comunicación” en la Isla, y “se asegura de este modo que la libertad de expresión sea prácticamente inexistente”.
“A pesar de que un pequeño número de periodistas independientes logran escribir artículos para páginas web del extranjero o mantienen blogs independientes, se ven obligados a publicar su trabajo por medios clandestinos”, y “los riesgos asociados con estas actividades son importantes”.
HRW denunció que continúa vigente la prohibición “tanto salir de Cuba como regresar al país, sin obtener antes un permiso oficial, el cual suele ser denegado”.
Puso como ejemplo el caso de Juan Juan Almeida García, “al que se le ha denegado el derecho a salir de la Isla para recibir tratamiento médico por una enfermedad degenerativa poco común (para la cual no existe tratamiento en la isla) desde 2003”.
El reporte también repara en el gobierno “está adoptando fuertes medidas contra el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba, mediante la aplicación más enérgica de la ley de 1997 conocida como Decreto 217”.
La ley, cuyo propósito es limitar la migración a La Habana, exige a los cubanos obtener autorización del gobierno para mudarse a la capital del país.
Fotografía del usuario de Flickr Jaume d’Urgell