(por EFE)

aleqm5idxzrnngsqm5nog5ywhtn71poodqEl tabaco sale desde hoy de la cartilla de racionamiento cubano, de la que también salieron las papas en 2009, dentro de la lógica de la “actualización del socialismo” del presidente Raúl Castro que pretende poner fin a los excesos del estado asistencial.

El fin de la cuota de cigarrillos negros y rubios que recibían los cubanos, según la edad, casi a precio de costo, atiza ahora la polémica sobre si es pertinente o no mantener la cartilla, y refuerza las expectativas de nuevos cambios en ese sentido.

Vigente desde 1962, la cartilla de racionamiento entrega a precios simbólicos granos, azúcar, pollo, pescado, huevos, arroz, café, aceite, pastas, pan entre otros productos -cuando hay- a los 11,2 millones de habitantes del país, mediante un meticuloso sistema de regulaciones por gramos en función de la edad del receptor, incluso del municipio en que reside.

Muchos cubanos aseguran que lo suministrado a precios subsidiados no les dura más allá de una o dos semanas por lo que tienen que acudir a las tiendas de precios liberados, a las que venden en divisas, o al mercado negro.

Para Magalys Huerta, una obrera de 43 años, la mejor opción sería eliminar la cartilla pero que el Estado garantizase una oferta constante de todos los productos con precios en pesos cubanos acordes con los salarios.

“Nada de lo que da (la cartilla) es suficiente. Al final tengo la presión de buscar a un bodeguero que me venda lo que me hace falta antes de que se le acaben las cosas. Yo preferiría comprar lo que necesito, cuando lo necesito”, dijo Huerta a Efe.

Según Beatriz, de 29 años, definitivamente la cartilla “no cumple las expectativas” y resulta “absurdo” que productos como las almohadillas sanitarias aún sean distribuidos dentro de ese sistema que desde hace años propicia “ilegalidades”.

Mientras que algunos venden -ilegal pero abiertamente- lo que les sobra de la cuota mensual, son más los que tienen que acudir al mercado negro para conseguir los productos que a través de la cartilla no les alcanzan, y muchas veces es el mismo bodeguero que distribuye las cuotas quien ofrece “por la izquierda” aceite, azúcar o arroz.

Más allá del tabaco, que para muchos es un producto no necesario, el verdadero debate en Cuba versa sobre la posibilidad de que se acaben eliminando otros que sí son indispensables, como pan, huevos y granos.

El presidente Raúl Castro ha llamado a eliminar el “exceso de gratuidades” y los “subsidios indebidos”, a controlar y administrar mejor los escasos recursos nacionales y a reducir las importaciones, en un país que importa más del 80 por ciento de los alimentos que consume.

En los últimos meses varios medios oficiales se han hecho eco de opiniones que indican que un sector de la sociedad cubana no está preparado para sobrevivir sin la cartilla, y otras que ven su permanencia como un freno que perpetúa el “paternalismo” estatal.

El economista disidente Óscar Espinosa Chepe cree que la desaparición de los cigarrillos de la cartilla es una decisión que apunta al “camino correcto”, pero tiene que ir acompañado “por medidas colaterales”.

“Está claro que hay una política de liquidar paulatinamente el racionamiento en Cuba, pero pienso que es necesario buscar compensaciones para determinados sectores de la población que van a ser muy perjudicados por esas políticas”, dijo Espinosa a Efe.

Además de las medidas relacionadas con la cartilla salen a relucir otras regulaciones para disminuir los gastos estatales y reducir importaciones, como el cierre de comedores obreros.

Tras la polémica que supuso el cierre parcial de esos comedores, el periodista cubano Ariel Terrero, especializado en temas económicos, mencionó cómo las “rutinas” de “paternalismo extremo” se malinterpretan como sinónimo de socialismo.

“Los cambios suelen provocar escozor, saltos de estómago y polémicas. Más aún, si apuntan hacia la comida. No importa que el consenso social clame por transformaciones económicas en Cuba”, indicó Terrero en la revista Bohemia.

En su opinión, la economía cubana tiene ahora el desafío de “superar la práctica del Estado como gran y sagrado administrador de todos los recursos, para avanzar hacia una participación efectiva de los trabajadores en la ejecución y el control de gastos y beneficios”.

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